Los Tratados de libre comercio, servicios e inversiones entre EEUU y UE

El 18 de abril se celebra el Día de Acción Global contra los Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta en Palencia, una pequeña capital de provincias, la Plataforma local “No al TTIP” ha organizado una mesa informativa en la plaza Mayor.

¿Por qué esta movilización en contra de unos tratados que a priori van a crear empleo y fortalecer la economía de la zona en un momento de crisis como el actual? ¿Los que se oponen son los anti-europeístas y los grupos de izquierdas radicales?

“El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership o Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) tiene como objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios. Eliminar esas barreras supondrá crecimiento económico, creación de empleos y una disminución de los precios”, según se explica en la página web de la Comisión Europea.

Esto implica que, de lograrse el acuerdo, los Estados de la UE –también las propias directivas de la UE– y EEUU deberán armonizar su legislación en diferentes materias: regulación laboral, propiedad intelectual, protección del medio ambiente, calidad de los alimentos, información al consumidor, etc. ¿En qué sentido: hacia una mayor desregularización como demandan las grandes multinacionales o hacia una regulación en beneficio de la población?

Dada la poca información que hay disponible sobre el Tratado, no sabemos cómo van a conseguir que esos beneficios sirvan al bien común. Baste recordar que el crecimiento económico lo valoran en un incremento del PIB (que habrá que verlo), lo cual nos habla de más riqueza, pero no de cómo se distribuye (¿serán los ricos más ricos, aumentarán las desigualdades o se incluirán medidas para fortalecer a los más débiles?); lo mismo pasa con el empleo, ¿de qué calidad será? ¿con qué condiciones laborales?; y con la bajada de los precios, ¿a costa de qué? ¿tan sólo por la eliminación de los aranceles?

Estos son aspectos fundamentales del Tratado sobre los que no se obtiene respuesta quizás porque, dada la tendencia política-económica a ambos lados del Atlántico, se confía en que la desregularización y la liberalizacion de los mercados traiga por sí misma un maná de virtudes.

Es claro que las grandes empresas multinacionales tienen gran peso en las negociaciones. Pero el Tratado no está cerrado, los ciudadanos europeos y estadounidenses podemos exigir a nuestros representantes un marco de negociación que favorezca al grueso de la población, que defienda el bien común a corto, medio y largo plazo, lo que ineludiblemente pasa por la defensa también del medio ambiente y de una economía sostenible.

Precisamente, frente a los grandes poderes económicos y especulativos-financieros, la respuesta es la unión política y social. Un Estado como el español no puede plantar cara al poder de las multinacionales porque pueden hundirlo; EEUU o UE por si solos pueden tomar medidas, pero serán parciales. Sin embargo, un acuerdo de la índole del que nos ocupa si está bien hecho puede suponer un hito que cambie el paradigma socio-económico actual controlando la bulimia de los mercados producto de las insensatas políticas “laissez faire, laissez passer”. Aunque parece que no estamos en ese camino.

Algunas de las líneas rojas de este tratado deberían ser:

1. La eliminación de los paraísos fiscales en toda la zona. Es algo sumamente sencillo, si se quiere hacerlo, ya que están basados en la confianza de los depositarios. Un paso necesario, pues, será legislar que no puede haber secreto bancario entre los Estados miembros.
2. Establecer una similitud impositiva, lo que redundaría en un mayor equilibrio en el desarrollo económico; que se tribute donde se genere el beneficio, redundando así en el del lugar y no en el de un vecino aprovechado.
3. Tasa Tobin u otro tipo de regulación de los mercados especulativos que no generan ningún beneficio ni son productivos pero que pueden destrozar economías.
4. Exigencia de unas garantías de justicia laboral y de respeto medioambiental (en consonancia con las nuestras) a los productos fabricados o producidos fuera de la zona del tratado e introducidos por multinacionales europeas o norteamericanas.
5. Y, por supuesto, la armonización de la legislación debe ser a favor de los ciudadanos, de los consumidores y de la pequeña y mediana empresa.
   

La defensa de los intereses generales no es una cuestión de colores. Como consumidora quiero saber lo que compro y que sea saludable. Como persona quiero saber que quienes lo han producido pueden vivir dignamente de su trabajo y realizarlo con seguridad. Como miembro de la especie humana quiero saber que se ha hecho respetando el ecosistema, sin abusar de los recursos y desde una perspectiva sostenible que permita la vida en el planeta y su diversidad para muchas más generaciones. Como ciudadana quiero que los políticos me representen y defiendan los intereses de la sociedad y no los de un grupo. ¿Alguien opina distinto?